Representantes de la federación nacional que une a estas localidades y la asociación provincial se reúnen con el presidente de la Diputación para trasladar los próximos pasos de cara a que los beneficios de estas instalaciones reviertan en el territorio.
La Diputación de Cáceres, a través de diferentes programas o proyectos, como Diputación Desarrolla o los Planes de Sostenibilidad Turística, viene trabajando en los últimos años en el aprovechamiento de los recursos hídricos en municipios que cuentan con embalses o con centrales hidroeléctricas, proyectos que están siendo trasladados a otras provincias. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que ha mantenido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el coordinador de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, Francisco Gómez, y el presidente de la asociación provincial, que es también el diputado de Fomento de la Diputación, Luis Fernando García Nicolás.
De cara a esta nueva legislatura, han querido trasladar al presidente los distintos objetivos y pasos que tienen previsto dar estos municipios, a través de la Federación y las respectivas asociaciones, para avanzar en la reversión a los territorios de los beneficios y riqueza que pueden aportar estas instalaciones, de modo que, ya sea a través de cánones, impuestos o compensaciones con planes de restitución, entre otros, las localidades que ceden sus terrenos puedan aplicarlo a programas o proyectos turísticos, medioambientales, lúdicos, etcétera.
García Nicolás ha destacado la importancia para los pequeños municipios de una federación como esta, que se constituyó en 1995, a la que actualmente pertenecen 600 entidades locales, para conseguir cosas como el pago de un canon por parte de las empresas que explotan y gestionan los embalses o centrales. Así, a lo largo de los años se ha llegado a conseguir crear un IBI con características especiales, que ha beneficiado al territorio, creando riqueza y generando recursos para la ciudadanía en el medio rural.
Además, se ha recordado, como ejemplo del funcionamiento de la unión de estos municipios, el radical desembalse que se sufrió el pasado año en algunas cuencas como la del Tajo, “generando problemas -ha apuntado García Nicolás- de cara a los recursos turísticos e, incluso, de cara al abastecimiento de agua de la población”, algo que, ha remarcado, “no ha ocurrido este año, a pesar de sufrir una sequía similar, porque desde la federación se actuó, exigiendo que los desembalses se operen de manera adecuada”.
En este sentido, Francisco Gómez ha incidido en que “estos desembalses brutales no se han repetido porque la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha estado alerta, y, además, nosotros conseguimos la modificación del artículo 53 de la Ley de Aguas, para que se tenga que dar conocimiento a los ayuntamientos afectados de un desembalse de este tipo”.
Siguientes pasos
De cara a esta nueva etapa, Gómez ha desgranado algunos objetivos, como, en el ámbito tributario, actualizar valores catastrales “que están obsoletos”; actualizar la cuota del IBI, “que desde 1990 no se ha tocado, y es una cuota por la producción de energía eléctrica ridícula”; avanzar en el proyecto ambiental a presentar de cara a la nueva convocatoria de los fondos Next Generation, “que es un proyecto centrado en la incentivación del turismo de interior con un nexo común, que es la existencia de embalses, con lo que se trabaja en el desarrollo de actividades turísticas, lúdicas, deportivas, medioambientales…”, o profundizar en el convenio que se mantiene con la Asociación de Empresas de Producción de Energía Eléctrica, “donde está representada la patronal y nos ayudamos mutuamente -ha dicho Gómez- porque la patronal necesita del territorio y el territorio de la patronal para sacar adelante proyectos que favorezcan el desarrollo”.
Por último, se ha dado traslado al presidente de la Diputación del trabajo que se está llevando a cabo desde la federación sobre “las caducidades de las concesiones” para la gestión y explotación de estas instalaciones hidroeléctricas. Según ha explicado Gómez, “antes la concesión era casi in aeternum, pero ahora, con la nueva Ley de Aguas, son 75 años, y en muchos casos están a punto de caducar, y nosotros lo que decimos es que lo explote quien lo explote, insistimos en la restitución al territorio, porque se han amortizado las presas, se han amortizado las centrales, han producido dinero, pues ahora que un 20 o un 30 por ciento de la producción de energía hidroeléctrica revierta al territorio de la forma que sea”, ha concluído.
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