El próximo curso académico, España contará con una nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), fruto del esfuerzo colaborativo entre el Ministerio de Educación, liderado por la socialista Pilar Alegría, las comunidades autónomas, los docentes, las universidades y los estudiantes. Un nuevo modelo del que el Partido Popular, como nos tiene acostumbrados, no ha participado, pese al esfuerzo de todos los agentes implicados.
Para alcanzar este modelo inclusivo y equitativo, con una estructura y características comunes, criterios de evaluación uniformes y, por primera vez, criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio nacional, han sido necesarias más de 200 reuniones con la comunidad educativa y una prueba piloto en la que participaron 50 centros educativos de diversas comunidades. Sin embargo, el PP decidió una vez más romper los consensos, y abandonar los grupos de trabajo, prohibiendo que las comunidades autónomas bajo su gobierno participaran en dicha prueba. Una decisión que deja patente la clara falta de interés del PP por alcanzar un acuerdo en una materia tan crucial como la educación, poniendo en peligro a los estudiantes ya que implementar una prueba única no resolvería las supuestas diferencias entre comunidades, sino que las agravará de forma perversa, rompiendo el sistema de oferta universitaria autonómica, ya que las notas del expediente académico de Bachillerato, que constituyen el 60% de la calificación final, seguirían variando entre centros educativos.
Si las comunidades autónomas al diseñar sus pruebas incluyen contenidos propios, los alumnos podrían enfrentarse a exámenes que no reflejan lo que han estudiado en su región, lo que compromete su preparación y equidad en el acceso a la educación superior. Esta situación no solo afecta el rendimiento académico, sino también el futuro de miles de jóvenes, quienes dependen de un sistema de evaluación justo y coherente.
A pesar de los numerosos esfuerzos para integrar a todas las partes implicadas, el PP optó por desmarcarse, presentar una propuesta inviable y fuera de tiempo, que no cuenta con el beneplácito de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Una vez más el PP lleva a cabo una maniobra política destinada a generar confrontación y titulares de prensa, sin ninguna intención real de mejorar la educación. La insistencia del PP de resucitar la derogada LOMCE que provocó un rechazo social masivo, pone de manifiesto su desconexión con la realidad educativa actual. El PP, incluso cuando gobernó con mayoría absoluta, nunca implementó una EBAU única porque eran conscientes de su inviabilidad. Ahora, pretenden utilizar esta propuesta como un instrumento político, sin considerar el impacto negativo que puede tener en la vida de miles de jóvenes.
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