El Partido Popular de la Provincia de Cáceres pide al Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute el Proyecto de Medidas Correctoras y de Protección Ambiental en el entorno de la Presa de Alcollarín, y que supondría una inversión de cerca de 1,8 millones de euros en el municipio. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una pregunta en comisión al respecto.
La diputada en el Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, ha visitado la presa, en donde ha podido comprobar, sobre el terreno, cómo este Gobierno da la espalda a las zonas rurales. “Exigimos respuestas de por qué esto está estancado, sin ejecución”.
Se trata de unas obras que debían realizarse tras finalizar la construcción de la presa, en el año 2015, y que, al ser contempladas por la Declaración de Impacto Ambiental, son de obligado cumplimiento. La buena conexión y la comunicación constante entre el gobierno local y el ministerio quedó radicalmente interrumpida al llegar el PSOE al Gobierno. Se trata de otro ejemplo más del abandono del Gobierno de Sánchez con la provincia de Cáceres y con sus pueblos. “Estamos hablando de un motor económico para la comarca y el municipio de Alcollarín y esto no puede permanecer en el cajón del olvido y del abandono como todo lo que pasa por el Gobierno de Sánchez, que está solo preocupado por su supervivencia”.
En 2015 el presupuesto acordado era de 1.790.667,02 euros más IVA. Con esta cantidad el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entonces se comprometía a actuaciones medioambientales para reforestar las márgenes del embalse, con plantaciones de especies autóctonas, con una reparación previa del terreno. También se incluía la restauración del Río Alcollarín y el Arroyo del Peral y trabajos para la mejora de la fauna en la zona.
Además, se debería construir un parque periurbano con carril bici, aparcamientos, pistas deportivas, mobiliario y zona de recreo entre otras instalaciones. También incluía la construcción de un parque municipal.
El alcalde de Alcollarín, Juan Salvador Calzas, asegura que esta inversión supondría un impulso importante para la localidad y para toda la comarca, ya que se traducirían en puestos de empleo y la consolidación del embalse como el motor económico del pueblo por los diferentes servicios que ofertaría. “Es un compromiso plasmado en una resolución que a día de hoy no se ha cumplido y es algo que sería clave para el desarrollo de nuestro pueblo”.
El GPP en el Congreso de los Diputados a través de sus representantes de la provincia va a seguir trabajando para que Extremadura reciba las inversiones que le corresponden y que el Gobierno de Sánchez y sus ministros se encargan de negar.
Pedro Sánchez, con el apoyo por acción u omisión del PSOE de Extremadura, no sólo niega la Alta Velocidad o se olvida de las autovías en los municipios más poblados, también se ha convertido en el principal enemigo de las zonas rurales, dejándolas sin recursos y futuro (como en el caso de Almaraz) aislándolas sin autobuses, cerrando cuarteles de la Guardia Civil y metiendo en el cajón las inversiones a la que nuestros pueblos tienen derecho, como es el caso de Alcollarín.
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