El ministro de Sanidad, José Miñones, ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros la eliminación de todas las medidas extraordinarias ligadas a la crisis sanitaria de la COVID-19, como es el uso de la mascarilla. De esta forma, y en el mismo momento en el que la medida sea publicada en el BOE, el uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios dejará de ser obligatorio. Aun así, como ha señalado el ministro, es “altamente recomendable” “mantener la cultura de la responsabilidad adquirida durante la pandemia” y, por tanto, el uso de la mascarilla por personas con síntomas o bien en entornos donde haya pacientes inmunodeprimidos, así como la higiene.
Con dicha medida, ha subrayado Miñones “damos un paso muy importante” y “cerramos un episodio que ha causado estragos en todo el mundo” pero que, a su vez, ha demostrado la fortaleza de España y la ejemplaridad en cuanto a la capacidad de vacunación y que, por lo tanto, ha permitido que “salgamos más fuertes” de cara a afrontar otras crisis futuras.
Por otra parte, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha comentado el informe presentado en el Consejo de ministros sobre el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, cuyo objetivo es crear el ecosistema necesario para el desarrollo de vehículos eléctricos y conectados a la red. Según ha explicado Gómez, la segunda convocatoria de este proyecto estará dotada con 850 millones de euros y, con la tercera, “hablamos de una convocatoria de más de 3000 millones de euros con la que esperamos estar por encima de la media europea en la penetración del vehículo eléctrico”.
Gómez, además, ha comunicado la aprobación de un real decreto para modernizar y agilizar la normativa de inversiones extranjeras en España “que no supone ningún incremento del gasto público”. Y la concesión de subvenciones por valor de 86 millones de euros para compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.
Por otra parte, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha comentado el informe presentado en el Consejo de ministros sobre el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, cuyo objetivo es crear el ecosistema necesario para el desarrollo de vehículos eléctricos y conectados a la red. Según ha explicado Gómez, la segunda convocatoria de este proyecto estará dotada con 850 millones de euros y, con la tercera, “hablamos de una convocatoria de más de 3000 millones de euros con la que esperamos estar por encima de la media europea en la penetración del vehículo eléctrico”.
Gómez, además, ha comunicado la aprobación de un real decreto para modernizar y agilizar la normativa de inversiones extranjeras en España “que no supone ningún incremento del gasto público”. Y la concesión de subvenciones por valor de 86 millones de euros para compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.
Por último, el ministro Gómez ha notificado la autorización de una convocatoria de ayudas por más de 214 millones de euros en cinco líneas que impulsarán la transformación digital, el crecimiento y la formación de emprendedores y pymes.
Finalmente, durante la rueda de prensa, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado a conocer la aprobación del marco estratégico de ciudadanía e inclusión contra el racismo y la xenofobia para el 2023-2027. Un documento que, como ha dicho la portavoz, a la vista de los “últimos discursos políticos e incluso públicos” “se reivindica más necesario que nunca”, ya que el odio “no surge por generación espontánea, sino que se alimenta”. Dicho documento, incluye recomendaciones y compromisos internacionales, que responden a ese acuerdo de los estados miembros de la Unión Europea a tener planes específicos contra el racismo y renueva las estrategias aprobadas en 2011 y 2014. Los principales objetivos de dicho documento, pactado y participado con todos los agentes implicados, es “avanzar en la integración e inclusión de los migrantes y prevenir y combatir el racismo y la xenofobia”.
Para concluir, la ministra portavoz ha informado de la aprobación del decreto de ayudas económicas para las personas que hayan sufrido malformaciones corporales durante el proceso de gestación a consecuencia de la talidomida. Las ayudas económicas dependerán del grado de dependencia de los afectados, siendo de aproximadamente para una persona con discapacidad del 33% de 396000 euros en un pago único.
Be the first to comment